El 9 de marzo de 2020, unos pocos días antes de la pandemia de COVID-19 ocasionara el cierre de Washington, DC, quince entidades para la primera infancia de alcance nacional se reunieron con el Capitolio Federal para publicar Marco Unificador para la Profesión de la Educación en la Niñez Temprana. El Marco Unificador es el resultado de reuniones y encuestas extensas e intensivas que se realizaron durante tres años con el fin de recoger los consejos de diversas personas interesadas. La intención del proceso y del documento final es definir la profesión de la educación infantil entre grupos de edades, estados y tipos de programa al establecer un marco conceptual para las carreras profesionales, la preparación, aptitudes, responsabilidades y compensación. Por diseño, el marco conceptual fue creado por y para el campo profesional y tiene la potencial, si se implementa sistemáticamente, de derrocar las desigualdades estructurales que producen la falta del acceso a la educación superior y la compensación baja crónica con beneficios de jubilación y seguros médicos limitados. 

Aunque existe un gran optimismo y entusiasmo sobre las posibilidades de transformación que se detallen en el Marco Unificador, también se encuentra un temor inherente que, como ha ocurrido en el pasado, los requisitos adicionales de aptitud se impondrán sin ninguna compensación adicional. Como reveló el informe reciente de NAEYC y Education Trust sobre los grupos de enfoque, “No decimos que no queramos hacerlo [satisfacer los requisitos adicionales]. Sí decimos que necesitamos apoyo para hacerlo”. 

Mientras la implementación del Marco Unificador sigue adelante, hay que centrar las prioridades en abordar la equidad por medio de igualar la compensación, los seguros médicos y la jubilación para educadores de la niñez temprana entre los estados y los tipos de programas. Está muy claro lo que indican la ciencia, el lado económico y la obligación moral, y la pandemia solo ha hecho más urgente la necesidad. Sí existe un camino hacia delante, pero exigirá una abogacía incesante y una voluntad política sin precedentes. Aquí hay un lugar para empezar: 

• Inversiones federales considerables para financiar el costo entero del cuidado infantil. Tenemos que extender los aumentos históricos con respaldo bipartidario para el cuidado infantil que constituyen un pago inicial para hacer realidad el compromiso del público con este cuidado. Más importante aún, se necesitan inversiones más significativas, a mayor escala y sostenidas para progresar hacia un sistema plenamente financiado, con costos que la investigación ha calculado en entre $140 y $170 mil millones de dólares al año. 
• Una ley federal de financiación universitaria para educadores de niños pequeños. Mientras el Congreso aborda el tema del acceso a la educación superior a precios alcanzables por medio de políticas como anular las cuotas de matrícula en colegios comunitarios de dos años, el perdón de préstamos y los programas para aprendices, las implicaciones para los educadores infantiles actuales y futuras son considerables. Son cruciales los conocimientos, habilidades y aptitudes que se ganan mediante los programas de preparación profesional que permiten que los educadores implementen con eficacia la ciencia del aprendizaje inicial; pero es igualmente esencial que el Congreso alivie las cargas insoportables de deuda que reducen la estabilidad económica de los educadores de niños pequeños hasta bien entrados en sus carreras, al mantener, aumentar y mejorar los apoyos directos, becas y programas de perdón y cancelación de préstamos para los educadores de niños pequeños que trabajan en todos los entornos. 
• Sistemas estatales que incentivan los sueldos para educadores de niños pequeños. Con los aumentos notables en los fondos federales para el cuidado infantil, los estados han comenzado a progresar en cuanto al acceso y los precios accesibles por medio de acciones como los pagos aumentados para proveedores y la elegibilidad ampliada para las familias. No obstante, en vista de un aumento continuado en los fondos federales, una economía en vías de recuperación y un sistema de cuidado infantil que se está desmoronando, los estados deberían:
  • Asegurar que más familias de ingresos bajos y medianos tengan acceso al cuidado infantil sin la carga pesada de los costos, al aumentar el nivel de elegibilidad familiar de al menos el 300% del nivel federal de pobreza.
  • Aumentar la oferta e intensificar la calidad al invertir en los educadores infantiles. Esto implica calcular el costo real de cuidado de calidad para bebés, niños de 1 y 2 años y preescolares, incluyendo los sueldos profesionales, seguros médicos y jubilación para educadores infantiles y pagando a los proveedores a un nivel correspondiente a dichos costos.
  • Fomentar la consistencia, calidad, responsabilidad y la oportunidad para las familias de escoger entre “la calidad” y “la calidad” al pagar a los proveedores según contratos que no se encuentren sujetos a grandes variaciones en el número de niños matriculados ni se basen en la matriculación o asistencia de un solo niño. Tales contratos deben incluir un nivel mínimo de los salarios.
  • Incentivar la compensación, los seguros médicos y la jubilación para educadores de niños pequeños reformando el sistema QRIS y reenfocándolo en el factor que impulsa la calidad: la fuerza laboral misma. 

Los gobiernos federal y estatales tienen papeles principales que desempeñar, junto con los sistemas de educación superior, asociaciones profesionales y los mismos empleadores de la educación infantil. Mientras el público haga las inversiones necesarias en el cuidado infantil, los empleadores también deberán hacer inversiones: en sus propios programas, en los proveedores de cuidado en familia y en los educadores de niños pequeños que trabajan en centros y escuelas. La inversión pública aumentada debe producir un compromiso y responsabilidad para lograr que los educadores infantiles reciban sueldos profesionales, seguros médicos y beneficios de jubilación que reflejen su labor compleja y valiosa. 

La crisis de COVID-19 ha llamado la atención nuevamente sobre la fragilidad y, al mismo tiempo, lo esencial del sistema de cuidado infantil. Solamente cuando invertimos en el sistema, el resto de la economía puede funcionar. La inversión en el cuidado infantil debe significar que se ofrezca a precios asequibles y produzca ganancias sin explotar indebidamente a los educadores de niños pequeños, quienes son mayormente mujeres y principalmente mujeres de color. Los salarios profesionales, seguros médicos y beneficios de jubilación son innegociables.